En algunas comunidades autónomas ni siquiera tienen aún implementado el sistema para la certificación
A continuación podéis leer el nuevo artículo de Javier Carnicer, Presidente de IPUR, en el portal Inmodiario
Hace unos días tuve que cambiar la lavadora de mi vivienda. Buscaba un electrodoméstico con buenas prestaciones, un precio adecuado y que me garantizase en su etiquetado que su comportamiento energético iba a ser al menos tan bueno como el trato a mis camisas.
Aprovechando unas horas muertas en un viaje fuera de Madrid, visité unos grandes almacenes para ver las diferencias entre los modelos que allí vendían y los que yo había seleccionado sobre catálogo en mi ciudad.
Comprobé que quien tenga ganas, tiempo y la paciencia necesaria podrá comprar un mismo modelo de electrodoméstico a un precio más o menos competitivo dependiendo del lugar donde efectúe su adquisición, pero lo que permanece invariable es el etiquetado energético. Una lavadora capaz de ahorrar agua y energía obtiene la misma nota en Burgos, Sevilla o Alicante.
¿Y qué pasa con las viviendas? Hace unos años aplaudimos la aprobación del Real Decreto 47/2007 por el que se regulaba la exigencia del certificado de eficiencia energética del edificio. La intención era muy loable: se pretendía promover la eficiencia energética proporcionando información objetiva a los usuarios o potenciales compradores en relación con las características energéticas de los edificios.
Estos certificados, tanto de proyecto como de obra finalizada y entregada, se exigen tanto para edificios de nueva construcción como para rehabilitaciones y reformas de inmuebles de superficie útil superior a 1.000 metros cuadrados donde se renueve más del 25% de la superficie de sus cerramientos.
Con una validez de 10 años y la posibilidad de modificación voluntaria, el Estado brindó a las Comunidades Autónomas la posibilidad de regular sobre el Registro de Certificados de Eficiencia Energética, las inspecciones o el control externo, entendido éste último como un elemento de control imprescindible de las especificaciones energéticas del edificio, tanto de la envolvente como de las instalaciones.
El resultado final es una tremenda falta de homogeneización en cuanto a la obligatoriedad del control externo de la certificación energética de edificios. En algunas comunidades autónomas ni siquiera tienen aún implementado el sistema para la certificación, otras lo tienen pero no exigen ningún tipo de control externo y solo en Galicia, Extremadura, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana se exige este control como una garantía de la efectividad del certificado de eficiencia energética.
Desde la Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido, IPUR, reclamamos la activación tanto de los registros nacionales de certificación energética, como del control externo que permita oficializar los certificados y que acabe con el vacío legal existente.
Somos muchos los profesionales que nos dedicamos al aislamiento de edificios y que consideramos que no es lógico que un procedimiento con voluntad de aplicación en todo el territorio nacional, se matice por las Comunidades Autónomas a través del alcance del control externo y el procedimiento a seguir para realizarlo.
Esta falta de homogeneidad atenta directamente contra el objetivo primordial de la norma aprobada, ya que no proporciona a los compradores o a los mismos usuarios de las viviendas un método con el que poder comparar las distintas prestaciones energéticas de los edificios en todo el territorio nacional.
Más allá de nuestras fronteras, países de nuestro entorno nos llevan una ventaja considerable, tanto en la aprobación de los diferentes modelos de etiqueta de certificación energética para edificios (la mayoría los aprobó simultáneamente tanto para edificios nuevos como existentes), como en los mecanismos de control externo que constaten la veracidad de lo certificado.
Nuevamente en España nos quedamos en el vagón de cola en un asunto de vital importancia para el fomento de la eficiencia energética. Hasta que no haya criterios comunes en todas las Comunidades Autónomas y se establezca un riguroso control externo de los certificados, no tendremos una información que nos permita elegir la opción más conveniente, al menos para una compra tan trascedente como es la de una vivienda. Mucho más importante, seguro, que la de la lavadora que instalaremos allí.
Javier Carnicer
Presidente de IPUR
